En este apartado podrás consultar aquellos datos relativos a la aplicación de las normas del ente, si existen.

Las administraciones públicas deben revisar periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar en qué medida, las normas en vigor han alcanzado los objetivos previstos y si está justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas que imponen, de acuerdo con lo que establece el artículo 130 de la Ley 39/2015, reguladora del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que deberá hacerse público, de acuerdo con lo que determine la normativa reguladora de cada administración.